Desde la declaraci\u00f3n del estado de alarma por el gobierno espa\u00f1ol el pasado 14 de marzo debido al COVID-19, se han dictado distintas normas que han incidido de manera directa y constante en las actividades de las empresas, los profesionales y los ciudadanos en general.<\/p>\n
Dicha normativa ha tenido efectos en la regulaci\u00f3n de la operativa y actividad de las empresas, distinguiendo aquellas actividades consideradas esenciales de las que no lo son y decretando el cierre temporal de las segundas.<\/p>\n
Tambi\u00e9n ha tenido efectos, entre otros, en el \u00e1mbito laboral, con medidas para la protecci\u00f3n del empleo, regulando y agilizando los expedientes de regulaci\u00f3n de empleo temporales (los denominados ERTES) iniciados como consecuencia de la pandemia.<\/p>\n
En el \u00e1mbito tributario y de seguridad social, ha permitido la posibilidad de solicitar, en determinadas condiciones, un aplazamiento de determinados tributos y de las contribuciones sociales.<\/p>\n
En el \u00e1mbito corporativo se ha centrado principalmente la regulaci\u00f3n en suspender y extender los plazos para la formulaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de cuentas anuales y otros informes corporativos de las empresas.<\/p>\n
Se ha introducido, asimismo, determinadas protecciones o restricciones relativas a las inversiones extranjeras realizadas en determinados sectores por residentes de fuera de la Uni\u00f3n Europea o de la Asociaci\u00f3n Europea de Libre Comercio, cuya titularidad real corresponda a residentes fuera de dichas organizaciones territoriales.<\/p>\n
En el r\u00e9gimen de los arrendamientos urbanos de viviendas, se ha ofrecido para estos contratos determinadas medidas o soluciones (moratorias y bonificaciones), distintas en funci\u00f3n del tipo de propietario de estas, as\u00ed como adoptando medidas para dilatar el inicio de los posibles procesos desahucio que pudieran tener conexi\u00f3n con la situaci\u00f3n actual.<\/p>\n
En el \u00e1mbito de las acciones personales y procesal, se ha decretado tambi\u00e9n la extensi\u00f3n de los plazos de prescripci\u00f3n y caducidad.<\/p>\n
Finalmente, sin perjuicio de otras medidas tambi\u00e9n adoptadas, cabe destacar aqu\u00ed la aprobaci\u00f3n de determinadas medidas financieras para paliar, en cierta medida, los efectos creados por los efectos del Coronavirus y el estado de alarma decretado, con la concesi\u00f3n l\u00edneas de avales y cr\u00e9ditos ICO.<\/p>\n
Esta situaci\u00f3n de alarma y el reconocimiento de la existencia, en muchos casos, de una fuerza mayor, ha puesto de manifiesto la problem\u00e1tica de su aplicaci\u00f3n y la necesidad de acudir a lo regulado al respecto en el art\u00edculo 1105 del C\u00f3digo Civil de 1889 y a su desarrollo jurisprudencial para intentar obtener protecci\u00f3n. Se ha puesto de actualidad, de nuevo, la posible aplicaci\u00f3n de la denominada cl\u00e1usula \u201crebus sic stantibus\u201d (cuya aceptaci\u00f3n por el Tribunal Supremo ha sido, en general, restrictiva) a las relaciones contractuales existentes, en particular en aquellos contratos de tracto sucesivo.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n, detallamos las principales normas estatales aprobadas con ocasi\u00f3n de esta crisis, que puede ser de utilidad tener a mano.<\/p>\n
Real Decreto-ley 6\/2020<\/a>, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el \u00e1mbito econ\u00f3mico y para la protecci\u00f3n de la salud p\u00fablica. BOE 62\/2020, publicado 11 de marzo.<\/p>\n Real Decreto 463\/2020<\/a>, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti\u00f3n de la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 67\/2020 de 14 de marzo.<\/p>\n Real Decreto 465\/2020<\/a>, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463\/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti\u00f3n de la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 73\/2020 de 18 de marzo.<\/p>\n Real Decreto-ley 7\/2020<\/a>, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto econ\u00f3mico del COVID-19. BOE 65\/2020 de 13 de marzo.<\/p>\n Real Decreto-ley 8\/2020<\/a>, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ\u00f3mico y social del COVID-19. BOE 73\/2020 de 18 de marzo.<\/p>\n Resoluci\u00f3n de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci\u00f3n del Acuerdo de autorizaci\u00f3n de la pr\u00f3rroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463\/2020<\/a>, de 14 de marzo, hasta el 12 de marzo de 2020.<\/p>\n Real Decreto-ley 9\/2020<\/a>, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el \u00e1mbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.<\/p>\n Real Decreto-ley 10\/2020<\/a>, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la poblaci\u00f3n en el contexto de la lucha contra el COVID-19.<\/p>\n Real Decreto-ley 11\/2020<\/a>, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el \u00e1mbito social y econ\u00f3mico para hacer frente al COVID-19.<\/p>\n Respuesta del Instituto de Contabilidad y Auditor\u00eda de Cuentas (ICAC) a la consulta de auditor\u00eda sobre el efecto del Real Decreto Ley 8\/2020, de 17 de marzo, en su art\u00edculo 40, en el proceso de formulaci\u00f3n, verificaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de las cuentas anuales de las distintas entidades.<\/p>\n